Javits Frimpong y el fracaso en la protección de las infancias migrantes negras.

Javits Frimpong tenía quince años. Había llegado al Bronx desde Ghana aproximadamente un año antes de morir tras recibir disparos mientras caminaba hacia la escuela el 29 de octubre. Su padre, Thomas Frimpong, lo había llevado a Nueva York en busca de mejores oportunidades. Su madre permaneció en Ghana. La mañana de su muerte, su padre le recordó que debía llegar puntual a la escuela.

La distancia entre aquella instrucción cotidiana de un padre y la muerte de su hijo revela una falla fundamental de protección. Una sociedad que exige que las infancias asistan a la escuela asume la obligación de garantizar que su educación y el acceso a ella sean seguros. Cuando una persona menor de edad muere en ese trayecto, el duelo público debe ir acompañado de un escrutinio institucional y de rendición de cuentas políticas.

La muerte de Javits exige que examinemos las condiciones en las que se espera que las infancias migrantes negras se adapten, aprendan y sobrevivan. También exige enfrentar la manera en que la marginación económica limita las decisiones de madres y padres, mientras las instituciones públicas trasladan a las familias la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus hijos e hijas.

La migración suele describirse como una decisión personal, como si las familias eligieran sus circunstancias entre alternativas igualmente viables. Esta perspectiva oculta las presiones económicas, la desigualdad de oportunidades y las barreras administrativas que influyen en las decisiones sobre dónde pueden vivir y trabajar las familias

Las personas adultas pueden mantener hogares en distintos países porque un solo lugar no puede satisfacer todas las necesidades de sus familias. Un país puede ofrecer empleo y otro, oportunidades educativas. Las familias afrontan estas exigencias contrapuestas mediante la separación, las remesas y procesos de reunificación que pueden durar años.

La información periodística disponible no permite establecer todas las circunstancias de la organización familiar de los Frimpong. Sin embargo, su experiencia plantea una pregunta esencial: ¿por qué se espera que las familias asuman costos tan elevados para acceder a condiciones que deberían ser habituales, como ingresos adecuados, educación y seguridad física? La decisión de una madre o un padre de migrar, o de enviar a un hijo o hija a reunirse con otro progenitor o familiar, debe entenderse dentro de estas limitaciones. La separación geográfica no demuestra indiferencia parental. Puede reflejar un esfuerzo intenso por sostener a una familia en condiciones de desigualdad.

Tras la muerte de una persona menor de edad, estas decisiones nunca deben utilizarse para culpar a madres, padres o familias. La responsabilidad recae en quienes perpetran la violencia y en las instituciones cuyas fallas hayan contribuido a daños evitables. Identificar esas fallas requiere investigación, pruebas y transparencia.

Para una niña o un niño inmigrante negro, ingresar a una nueva escuela implica más que adaptarse a un nuevo entorno escolar y a nuevas materias. También requiere desenvolverse entre categorías raciales desconocidas, jerarquías sociales, expectativas culturales y prejuicios sobre la inteligencia, el idioma y la pertenencia.

La identidad negra no elimina las diferencias de nacionalidad, etnia, clase social o historia migratoria. Una niña o un niño puede experimentar racismo antinegro y, al mismo tiempo, ser tratado como extranjero por su acento, nombre o prácticas culturales. Asimismo, vivir en una comunidad predominantemente negra no elimina automáticamente la posibilidad de sufrir xenofobia y violencia de género. La solidaridad requiere un trabajo político y educativo deliberado.

Estas dinámicas más amplias deben orientar las preguntas que las instituciones se plantean al evaluar si las y los estudiantes migrantes negros reciben una protección adecuada.

Las escuelas deben proteger a las infancias del racismo, el acoso escolar y la violencia, respetando sus identidades culturales. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que la educación debe fomentar el respeto por la identidad, el idioma y los valores de cada niño y niña. La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial establece la igualdad de derechos a la educación y a la protección contra la violencia, independientemente de la raza o el origen nacional o étnico.

Estos principios establecen un criterio claro: las infancias inmigrantes negras nunca deberían tener que cambiar sus nombres, ocultar sus acentos o abandonar sus culturas para estar seguras en la escuela. Las escuelas tienen la responsabilidad de enfrentar la discriminación y proteger a quienes son víctimas de ella.

El acoso escolar es un abuso de poder

El acoso escolar es una forma de violencia. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) lo definen como un comportamiento agresivo no deseado que implica un desequilibrio de poder, real o percibido, que se repite o puede repetirse. Ese poder puede provenir de la fuerza física, la posición social o la capacidad de un grupo para aislar e intimidar a otra niña o niño. El acoso escolar puede incluir agresiones físicas, amenazas, maltrato verbal, humillación y exclusión deliberada. Sus consecuencias pueden afectar la salud, las relaciones, la participación escolar y la sensación de seguridad de niñas y niños.

El desequilibrio de poder distingue el acoso escolar de un desacuerdo entre estudiantes en condiciones relativamente iguales. Tratar el acoso como un conflicto mutuo puede ocultar quién está siendo objeto de las agresiones y trasladar a esa persona la responsabilidad de negociar el fin de su propio maltrato. La responsabilidad institucional es detener el abuso y proteger a quien lo sufre.

Para las infancias negras y migrantes, el acoso escolar también puede convertirse en un medio para imponer la exclusión racial y cultural. El acoso racista se dirige contra características como el color de piel o la identidad étnica; el acoso xenófobo se dirige contra la condición real o percibida de una persona como extranjera, incluida su nacionalidad, idioma o acento.

Estas formas de abuso pueden superponerse. Colorín Colorado, un recurso educativo para docentes y familias de estudiantes que aprenden inglés, identifica el idioma, el acento, el país de origen, las costumbres culturales, la alimentación, la vestimenta y el estatus migratorio como motivos por los que estudiantes inmigrantes pueden ser víctimas de acoso escolar. Por su parte, la UNESCO identifica la raza, la nacionalidad y el color de piel entre los motivos de acoso escolar más frecuentes a nivel mundial. Cuando ocurre este tipo de acoso, describirlo únicamente como un comportamiento inapropiado oculta su carácter discriminatorio. Las escuelas deben identificar y enfrentar el racismo o la xenofobia involucrados.

En el caso de Javits Frimpong, su padre, Thomas Frimpong, informó que el director de la escuela le había comunicado recientemente que dos estudiantes acosaban a su hijo y habían sido suspendidos. El padre creía que el tiroteo posterior estaba relacionado con ese acoso. La información periodística citada aquí no establece esa relación como un hallazgo confirmado de la investigación. Sin embargo, ofrece motivos para examinar qué sabía la escuela sobre el acoso denunciado y qué medidas se tomaron posteriormente.

La pregunta central es si la respuesta abordó adecuadamente el peligro que enfrentaba Javits. Una suspensión demuestra que se tomó una medida disciplinaria, pero no que la intimidación haya cesado ni que el niño afectado estuviera protegido contra represalias. Una respuesta adecuada debe evaluar las amenazas persistentes, los riesgos en el trayecto de ida y vuelta a la escuela, la comunicación con la familia y el acceso a una persona adulta de confianza responsable de dar seguimiento. La disciplina y la protección cumplen propósitos relacionados, pero distintos. Ambos requieren atención.

Una revisión transparente debe establecer qué se denunció, cuándo las autoridades escolares tuvieron conocimiento de ello, cómo evaluaron los riesgos y qué medidas de protección implementaron. También debe determinar si la familia participó en la elaboración de esas medidas y si alguien verificó su eficacia.

Por lo tanto, la rendición de cuentas institucional debe examinar el contenido y la eficacia de la respuesta. El cumplimiento de un procedimiento disciplinario no es prueba suficiente de que una escuela haya cumplido con su responsabilidad de proteger a un niño.

Las realidades económicas limitan la protección

Las respuestas públicas ante la violencia suelen indicar a madres y padres que supervisen más de cerca a sus hijos e hijas, los cambien de escuela o se muden. Estas exigencias presuponen que las familias disponen de tiempo, dinero, vivienda y flexibilidad laboral, recursos que muchos hogares no tienen.

Una madre o un padre puede no tener la posibilidad de acompañar a sus hijos e hijas a la escuela sin arriesgar sus ingresos o su empleo. Un cambio de escuela puede implicar un trayecto difícil de gestionar. Mudarse puede requerir un depósito de vivienda, un alquiler más elevado y la pérdida del apoyo cercano para las tareas de cuidado. Estas limitaciones son condiciones materiales, no pruebas de falta de preocupación.

La marginación económica también afecta los recursos disponibles para las infancias: orientación psicológica, empleo juvenil, actividades recreativas, vivienda estable y apoyo comunitario sostenido. Una política de seguridad eficaz debe abordar estas condiciones junto con los actos individuales de violencia.

El Bronx no debe reducirse a un territorio de peligro. Sus habitantes mantienen amplias redes de cuidado, organización, vida cultural y apoyo mutuo. Estas redes merecen una inversión pública confiable. No se puede esperar que compensen indefinidamente las deficiencias de protección institucional.

Tampoco debe tratarse la pobreza como una explicación que hace inevitable la violencia. La mayoría de las personas que enfrentan dificultades económicas no ejercen violencia. El análisis estructural debe esclarecer cómo se distribuyen la exposición al daño y el acceso a la protección, sin dejar de lado la responsabilidad individual.

Un fracaso de las políticas nacionales

La muerte de Javits ocurrió en medio de una crisis nacional. El Centro Johns Hopkins para Soluciones a la Violencia Armada informa que 2,214 niñas, niños y adolescentes de entre uno y diecisiete años murieron por armas de fuego en 2024. Las armas de fuego fueron la principal causa de muerte en ese grupo de edad por quinto año consecutivo.

Una cifra de muertes de esta magnitud exige una intervención política urgente. Las condolencias no pueden sustituir la regulación de las armas de fuego, la prevención de la violencia con financiamiento adecuado y la inversión sostenida en las instituciones responsables del bienestar de las infancias.

La seguridad escolar debe incluir respuestas efectivas y de cumplimiento obligatorio frente al acoso escolar, servicios de salud mental accesibles, una participación significativa de las familias y coordinación con organizaciones comunitarias. Las familias migrantes deben poder denunciar amenazas y obtener asistencia sin que las barreras lingüísticas o administrativas obstaculicen el proceso.

Los procedimientos migratorios también requieren escrutinio. Reuters informó que la madre de Javits viajó desde Ghana para asistir a su funeral después de que una intervención presidencial permitiera obtener su visa. La posibilidad de que una madre en duelo se reúna con su familia debe garantizarse mediante un proceso oportuno y humano. No debería depender de que un caso atraiga una atención política excepcional.

La obligación de proteger

La vida de Javits no puede reducirse a una estadística ni a un ejemplo de fracaso institucional. Era un niño al que le arrebataron su futuro. Ese hecho establece la gravedad de las obligaciones que se derivan de su muerte.

Debe haber rendición de cuentas por su asesinato. También debe realizarse un examen riguroso de las amenazas denunciadas antes de su muerte y de la respuesta que recibieron. En términos más amplios, quienes formulan políticas públicas deben enfrentar las condiciones de desigualdad en las que se espera que las familias mantengan a sus hijos e hijas a salvo.

Las infancias migrantes negras tienen derecho a la educación, la dignidad cultural y la protección contra la violencia. Estos derechos no son recompensas por una asimilación exitosa, el sacrificio de sus familias o un desempeño académico excepcional. Les pertenecen por el simple hecho de ser niñas y niños