Lenguaje, aborto y derechos: ¿quién puede acceder a la información y ser escuchadx?
América Latina y el Caribe es una región marcada por profundas desigualdades en el acceso al aborto. Aunque algunos países han avanzado en la despenalización y ampliación de derechos, otros mantienen legislaciones altamente restrictivas, lo que limita la autonomía y el acceso a servicios seguros. Sin embargo, las barreras no son únicamente legales: también son económicas, territoriales, culturales y lingüísticas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que el acceso a información clara, basada en evidencia y libre de discriminación es un componente esencial de la atención integral del aborto y de la salud sexual y reproductiva. No obstante, la información continúa circulando de manera desigual: ciertas lenguas, discursos y saberes tienen mayor legitimidad y alcance, mientras que las lenguas indígenas, afrodescendientes, creoles y los conocimientos comunitarios permanecen invisibilizados o excluidos.
Desde una perspectiva interseccional y antirracista, esto implica reconocer que el racismo, las desigualdades de género, la clase social, el territorio, la edad y la lengua influyen en quiénes acceden a información oportuna y quiénes quedan fuera. Hablar de justicia lingüística es también hablar de justicia reproductiva: el derecho a decidir requiere información accesible, culturalmente pertinente y disponible en las lenguas y formas de comunicación de las personas y comunidades.
En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, esta llamada regional propone reflexionar sobre las narrativas que se construyen alrededor del aborto y preguntarnos: ¿quién produce la información?, ¿qué voces son consideradas legítimas?, ¿qué lenguas circulan con mayor poder y cuáles son silenciadas? Disputar las narrativas es también disputar el acceso a los derechos.
The point that information circulates unequally because certain languages and knowledges carry more legitimacy is crucial, yet it raises a practical question: how can community-based knowledge in Indigenous, Afro-descendant, and creole languages be recognized as valid evidence alongside institutional sources? If the WHO frames clear, evidence-based information as essential, then translation alone may not be enough. Genuine linguistic justice might require shifting who is authorized to produce and validate that information in the first place.
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Siempre resulta curioso descubrir qué significan los números según diferentes tradiciones. Una misma cifra puede tener asociaciones distintas dependiendo del contexto, y conocer esas diferencias aporta una perspectiva cultural interesante que va más allá de una simple lista de significados.